Pensamos que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la economía dominicana, mayor al 10%, según las autoridades económicas del gobierno del Presidente Luis Abinader, no está lejos de […] Tres temas: Presidente militar, las alianzas y la economía  .

Tres temas: Presidente militar, las alianzas y la economía 

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Pensamos que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la economía dominicana, mayor al 10%, según las autoridades económicas del gobierno del Presidente Luis Abinader, no está lejos de lo real, si se toma en consideración que el país está dirigido por el gran capital, comenzando por el jefe de Estado, la mayoría de ministros y directores generales.

El Banco Central de la República, una de las entidades oficiales que mide el PIB, no hace comparaciones en los negocios pequeños ni los ambulantes. La mayoría de las inversiones del gobierno durante el 2021, fueron en el sector turístico, en detrimento de otras áreas de la producción. El PIB crece o baja de acuerdo a las actividades de la macroeconomía.

La política de inversión en áreas reproductivas  fue una de las más beneficiadas en los  gobiernos  de Danilo Medina, que colocó al país en uno de los más prósperos de América Latina, la cual se basó en el fomento del emprendimiento apoyado por la Banca Solidaria, el total respaldo a los productores agropecuarios, industriales grandes, medianos o pequeños, pero más que eso el incentivo a millares de mujeres que sin tener un centavo, se convirtieron en pequeñas empresarias.

Las continuas alzas en los precios de los principales productos usados para la construcción, disminuyó en el 2021 el auge que había cuando Leonel Fernández y Medina, los cuales  dirigieron la nación en representación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La oposición política y demás sectores, deben estar al acecho de la venta de las tierras u otras propiedades del desmantelado Consejo Estatal del Azúcar. También, de otros bienes del Estado, que el gobierno del PRM quiere entregarles a capitalistas privados. La ejecución de la privatización total del desbaratado CEA, provocará alzas en los precios del Azúcar, cuya producción general será privada al 100 por ciento.

Ya la Dirección de Bienes Nacionales, que es el organismo que autoriza ventas de bienes del Estado, junto a Fideicomiso, tiene en su poder todos los documentos del abolido CEA. Lo correcto sería que el Estado  recupere las áreas cañeras para volver a poner al país, entre los mayores productores de azúcares de América Latina.

El pueblo debe protestar para evitar que las empresas del Estado, continúen siendo pasadas a un grupo del sector privado. Se sabe que el Presidente Abinader recibe presiones de empresarios, que son altos funcionarios de su gobierno, para que la venta de empresas estatales se haga realidad total.

Hay que decir que el crecimiento del PIB fue negativo para los pobres, que en esta concluida Navidad, vio disminuir hasta las ventas de juguetes, debido a sus altos precios. A cualquier persona que en el extranjero se le diga que la libra de carne de asada de cerdo se vendió a 450 pesos y 500, probablemente crea que no es verdad, en virtud de que somos una nación productora de puercos.

En el año y cuatro meses de gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), se mantuvieron los precios en permanentes alzas. La clase media sigue perdiendo su poder adquisitivo y se coloca en pobre, porque si son profesionales o técnicos, donde había dos vehículos, tuvieron que vender uno o si residían en una vivienda modesta, alquilada, tuvieron que buscar otra más barata. Los pobres, simplemente son más pobres.

El gobierno mantiene una campaña reeleccionista de su Presidente Luis Abinader, la cual  se alimenta sometiendo a la Justicia a muchos opositores, culpables o no de corrupción.

Al ritmo que van los sometimientos, enviando a prisión a todos los presuntos culpables a un año y seis meses de prisión preventiva, la mayoría de ellos se pasará en la cárcel lo que falta de gobierno sin ser juzgados. El fin es el de eliminar políticamente a los ex Presidentes Medina y Fernández Reyna.  Pero entre los seguidores de Leonel hay dirigentes con la misma forma de los gallos que se embotan para ganar en cualquier gallera.

Aunque hay evidencias de algunos ex funcionarios de que no actuaron correctamente en el manejo de fondos públicos, hay otros que se observan como presos políticos. La idea de muchos de los funcionarios del PRM en el gobierno, es acabar con el liderazgo de los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y La Fuerza del Pueblo. Ambos son dirigidos por Danilo Medina y Leonel Fernández.

Y ambos saben que si llegan divididos a mitad del 2022, el gobierno los convertirá en bagazos políticos, para  así asegurar la reelección del Presidente Abinader en el 2024, pero el jefe de Estado debe ser muy cuidadoso con eso, para que no se convierta en un futuro encarcelado.

Ya se habla entre líderes del PLD y La Fuerza del Pueblo, que algunos funcionarios judiciales están abusando del poder oficial en contra de peledeístas, que arrastra a personas leonelistas, porque ese ex jefe de Estado tiene seguidores en el partido morado.

Eso se convierte, desde ya, en una acusación que no hay que hacer ninguna investigación para enviar un día a la Justicia a esos funcionarios. Todo parece indicar que la alianza PLD-FP está más cerca que lo que muchos podrían pensar. Esa alianza es apoyada, de manera discreta, por un amplio sector del empresariado, el cual está afectado con las políticas económicas del gobierno del PRM, a diferencia del apoyo que recibió del gobierno del PLD.

La mayoría de pobres, de todos los partidos políticos o ciudadanos comunes, ya no tiene planes sociales, como ocurrió en los gobiernos del PLD.

Muchas personas crearon un mar de especulaciones con respecto a que el Presidente Luis Abinader, se puso vestimentas militares en un acto en esa jurisdicción, pero siguen sin leer el Artículo 128 de la Constitución de la República. Aquí se lo ponemos extraído de la Constitución.

Artículo 128.- Atribuciones del Presidente de la República. La o el Presidente de la República dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar, y es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado.

Tiene la facultad de nombrar o destituir a  los integrantes de las jurisdicciones militar y policial. Nosotros decimos que el jefe de Estado tiene derecho constitucional a usar cualquier tipo de vestimenta militar en esa jurisdicción. O sea, en cuarteles, campamentos o cualquier sitio donde haya una actividad de carácter militar, sea de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.

Ese Artículo está por encima de las Leyes Orgánicas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Que usted está en contra de esa situación, se le respeta, pero es el superior de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, DNI y otros órganos de la seguridad del Estado.

Incluso, con ese Artículo, como lo escribí en otro trabajo anterior, el Supremo de las instituciones militares tiene facultad, no sólo para retirar, ascender o nombrar a jefes de esos organismos en diferentes funciones, sino a reintegrar a oficiales superiores o subalternos a esas entidades.

Cuando el Presidente Medina puso en retiro al general de la Policía Eduardo Alberto Then, hoy director nacional de esa entidad armada, lo hizo cumpliendo con el Artículo 128 de la Constitución, justa o injustamente. Fue reintegrado, no porque el Tribunal Constitucional así lo decidió, sino porque el general Then es amigo del ex Presidente Hipólito Mejía y el actual jefe de Estado, Luis Abinader.

En lo personal, creemos que ese retiro fue político  o por presiones de otros jefes. Si el Presidente Abinader no lo hubiese querido, el general Then, que ahora es mayor general, estaría retirado.

La Constitución está por encima de todas las Leyes de la nación. Es como el Artículo 37, de ésta, que garantiza el derecho a la vida humana desde su concepción hasta la muerte, por lo que para que el gobierno pueda lograr la aplicación del aborto, deberá  modificar la llamada Carta Magna, porque ninguna Ley adjetiva está facultada para legalizar ninguna de las tres causales. Si el Congreso lo aprobara, el Tribunal Constitucional lo dejará sin efecto, porque viola la misma.

Por LUIS CESPEDES PEÑA

EL AUTOR es periodista. Reside en Santiago.