La iglesia Católica cometió un gravísimo error de comunicación mercadológica al utilizar el clímax de su reciente Sermón de las Siete Palabras para, de forma generalizada y sin aportar ningún tipo de pruebas, acusar a periodistas dominicanos de extorsionar a funcionarios gubernamentales, personas y empresarios.

La iglesia Católica: ¿vocera o bocina?

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La iglesia Católica cometió un gravísimo error de comunicación mercadológica al utilizar el clímax de su reciente Sermón de las Siete Palabras para, de forma generalizada y sin aportar ningún tipo de pruebas, acusar a periodistas dominicanos de extorsionar a funcionarios gubernamentales, personas y empresarios.

Por boca del sacerdote Arcenio Ferrerira Rosario y apenas tres días antes del Día Nacional del Periodista, la institución responsabilizó a parte de este sector profesional de recurrir al chantaje y a la presión mediática con el propósito de lucrarse, de obtener dinero, lo cual ha generado un enorme malestar entre los comunicadores criollos.

La iglesia Católica se equivocó totalmente al asumir un tema que no le corresponde, al importantizarlo como precierre de oro de la Semana Santa y al desarrollarlo casi en la víspera de la celebración nacional más importante del sujeto colectivo de su denuncia.

Su mayor fallo radicó, empero, en haber intentado enlodar al sector profesional que debería estar en el primer lugar de su mapeo de aliados, grupos de interés e interlocutores válidos, de cara a la divulgación de su discurso y al posicionamiento su agenda, dada su fragilidad moral y del imparable desgaste de su influencia religiosa y social a causa de un enorme prontuario de comprobados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Se trata de una organización constantemente sometida a la duda y al escrutinio social: por la cantidad de vidas inocentes que ha corrompido y malogrado —por estupro y por encubrimiento del abuso sexual contra menores— casi nadie quiere que sus hijos e hijas estén cerca de un sacerdote católico. Pagan justos por pecadores, tal y como ahora sucede ante la opinión pública con la acusación de chantaje periodístico.

La iglesia Católica está en el candelero desde que, en noviembre de 2001, el periodista Michael Rezendes y su equipo Spotlight, del periódico Boston Globe, iniciaran una investigación sobre alrededor de 450 denuncias de abuso sexual contra unos 87 sacerdotes de la diócesis de esa ciudad estadounidense.

Tras sus publicaciones, una cadena de escándalos similares fue desatada en muchos lugares del planeta. En República Dominicana, los medios de comunicación cubrieron las acusaciones de pederastia contra al menos 14 sacerdotes, entre ellos:  Jozef Wesolowski, Meregildo Díaz, Elvin Taveras Durán, Javier Occi Reyes, Juan Manuel Mota de Jesús, Alberto Gil y Miguel Bienvenido Florenzán Ulloa. 

Aborto, tres causales y venganza

Para complicarle todavía más el panorama a la jerarquía católica, el país se halla sumergido en una lucha de intereses a favor y en contra del aborto. A pesar de la permanente campaña eclesial “provida”, muchos comunicadores de uno y otro sexo han expresado públicamente su apoyo a una modificación del Código Penal que permita la interrupción del embarazo por tres causales: riesgo para la propia existencia de la mujer, violación o incesto y malformación fetal incompatible con la vida.

Se trata de una batalla tan encarnizada, que no solo mantiene un violento fuego cruzado en redes sociales y medios de comunicación, sino que ha propiciado la modernización de los métodos de lucha sectorial: desde el acampado femenino en carpas frente al Congreso, hasta la importación de misiles, perdón, de expertos polemistas internacionales.

Por todo ello, algunos comunicadores entienden que la acusación, tan fogosa como aérea, de los príncipes de la iglesia Católica en contra del sector profesional es, en realidad, una retaliación, una venganza por el creciente número de posturas periodísticas “antivida”. 

¿Víctimas inocentes de periodistas malvados?

Si en verdad hay periodistas profesionales que chantajean a funcionarios públicos, personas y empresarios, ¿por qué sus víctimas no los denuncian? ¿Por qué no los desenmascaran en tribunales, redes sociales y medios de comunicación? ¿O es que acaso lo que ocultan es mayor que la coima? ¿Es su posible costo social o penal superior al monto de la extorsión? Donde hay uno que soborna, es porque hay otro que se deja sobornar; sabrá Dios por cuáles razones.

Más preguntas igualmente válidas, dadas las circunstancias: ¿A la iglesia Católica la mandaron a denunciar a periodistas o ella se ofreció solita? ¿Busca la iglesia prebendas o canonjías con los “extorsionados”?

Evidentemente, quien es capaz de pagar a un periodista que lo chantajea, tiene o maneja recursos, humanos y económicos. No se trata de sectores sociales vulnerables y desempoderados que claman a gritos por el auxilio de las sotanas:

El Gobierno cuenta con un amplio sistema de comunicación institucional, pues cada dependencia posee al menos un departamento de relaciones públicas. Los empresarios, a su vez,  disponen de estructuras similares en sus negocios o tienen acceso, al igual que las personas individuales, a la tercerización de servicios de comunicación, a su contratación  de forma externa. Y exactamente lo mismo puede decirse de la asistencia jurídica.

Ante la disponibilidad de vías apropiadas para canalizar las debidas denuncias, queda claro que las presuntas víctimas inocentes de los supuestos malvados chantajistas del periodismo dominicano no necesitan a la iglesia Católica, ni de vocera ni de bocina.

Y otra verdad es que, al representar de forma nebulosa cualquiera de esos dos cuestionables roles, la organización religiosa pierde aliados en el principal grupo de creadores y multiplicadores de opinión pública en el país. Un error de gestión de la comunicación institucional verdaderamente imperdonable